Whistleblowing: todo sobre los canales de denuncia y protección de informantes
10 Julio 2025
Quizás el término whistleblowing no resulte excesivamente esclarecedor, pero sí hablar del canal de denuncias. Este último se ha convertido en una herramienta fundamental de toda empresa que apueste por una mejora continua y la implantación de una estrategia efectiva de compliance. A continuación te detallamos por qué deberías implantarlo en la tuya.
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Definición y conceptos del whistleblowing
El nombre de whistleblowing responde al de la directiva europea que trata de favorecer la denuncia de conductas ilícitas en las organizaciones, especialmente si estas pueden perjudicar al interés público: casos de corrupción, fraude, negligencias, abusos….
A través de la misma, se dota a las empresas de herramientas de gestión adecuadas, el denominado canal de denuncias, y las personas informantes, de mecanismos seguros y confidenciales para comunicar estas situaciones sin padecer represalias posteriores.
La directiva establece un marco legal común para todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Legislación y normativas sobre whistleblowing
Son dos los marcos normativos que recogen y regulan los canales de denuncias en las empresas públicas y privadas: uno a nivel europeo y otro a nivel nacional:
Directiva europea 2019/1937 y su impacto
La Directiva (UE) 2019/1937 fue aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo en 2019, que “establece normas y procedimientos para proteger a los «denunciantes» (personas que proporcionan información adquirida en un contexto laboral sobre infracciones) del Derecho de la UE en ámbitos políticos clave. Las infracciones incluyen tanto acciones u omisiones ilícitas como prácticas abusivas”.
Ley Whistleblowing (Ley 2/2023) en España
En España, esta directiva se ha incorporado al ordenamiento jurídico a través de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, más conocida como la Ley de protección al informante. “La finalidad de la norma es la de proteger frente a represalias a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados”.
Obligaciones legales para empresas y entidades públicas
Entre las obligaciones que se desprenden de ambos marcos, destacan tres:
- La implementación de canales de denuncia accesibles y confidenciales.
- La prohibición expresa de represalias contra los informantes.
- El establecimiento de garantías legales y medidas de protección específicas.
Canales de denuncia internos y externos
Cualquier persona que en un contexto laboral o profesional haya obtenido información sobre presuntas infracciones, ya sea en el sector público o en el privado, puede emplear el canal de denuncias. Este no debe confundirse con el canal ético, que se centra en garantizar el cumplimiento de los valores y conductas internas de una empresa.
Tanto la directiva europea como la legislación española permiten habilitar canales de denuncias internos y externos, es decir, gestionados por terceras empresas.
Implementación de un canal de denuncias
Existen ciertos criterios que las organizaciones deben seguir en la implantación del canal de denuncias:
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Requisitos de un canal de denuncia efectivo
En España, están obligadas a implementar esta herramienta de cumplimiento normativo aquellas con más de 50 trabajadores y trabajadoras. Además de implementar una solución tecnológica acorde, las organizaciones deben: asignar un rol de responsabilidad y otro de protección de datos, redactar un reglamento, establecer un protocolo de actuación, llevar a cabo un registro y comunicar y publicitar la existencia de dicho canal de denuncia y cómo usarlo.
Soluciones tecnológicas para canales de denuncia
Lo habitual es que las empresas habiliten un buzón de denuncias a través de una plataforma online o software diseñados para facilitar tanto la presentación de denuncias (incluidas las anónimas) como su gestión interna.
La persona que quiera comunicar una infracción normativa o acto de corrupción también puede hacerlo a través del canal interno de denuncias o buzón de denuncias habilitado por la Administración central para canalizar dicha información. Y de la misma forma, a través del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) y, en el ámbito de la Unión Europea, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Protección de los denunciantes
Representa un principio esencial la garantía de confidencialidad de la identidad de la persona informante y de cualquier tercera mencionada, así como de la información suministrada.
Derechos de los denunciantes según la legislación
Priman, además, las garantías frente a la adopción de represalias, el respeto al principio de presunción de inocencia y derecho de defensa de las partes afectadas, la garantía de independencia, imparcialidad y ausencia de conflictos de interés y la tramitación efectiva de las comunicaciones.
Protección de la identidad y contra represalias
Dicha ley protege a las personas informantes “mediante la prohibición de represalias, entendidas como cualquier acto u omisión que esté prohibido por la ley o que, de forma directa o indirecta, suponga un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en particular desventaja con relación a otra en el contexto laboral o profesional, sólo por su condición de informantes, o por haber realizado una revelación pública”.
La ley contempla así medidas para la protección de los y las informantes, preservándose su identidad y garantizándose la confidencialidad de los hechos y datos del procedimiento. Asimismo, se permite la comunicación anónima.
Pueden denunciarse, según la normativa: infracciones del Derecho de la Unión Europea, infracciones administrativas graves o muy graves, o hechos delictivos. Se contemplan algunas excepciones, como por ejemplo las comunicaciones relativas a información clasificada o que puedan afectar a la seguridad del Estado.
Sanciones y consecuencias del incumplimiento
La obligación de implantar un canal ético de denuncias no afecta a todas las organizaciones por igual. Según la Ley 2/2023, están obligadas aquellas que cuenten con 50 o más trabajadores. A continuación, se detallan los compromisos legales:
Tipos de sanciones para empresas y entidades
El incumplimiento de la Directiva y de su transposición nacional puede conllevar sanciones económicas proporcionales a la gravedad de la infracción. Para personas jurídicas en situación muy grave pueden alcanzar incluso el millón de euros.
Beneficios del whistleblowing para las empresas
La correcta aplicación de la Directiva Whistleblowing no solo es una exigencia legal, sino una oportunidad estratégica para fortalecer la cultura ética, la transparencia, la confianza organizacional y la sostenibilidad empresarial. De hecho, resulta especialmente útil a la hora de prevenir o actuar ante hechos delictivos o problemas de índole penal en el seno de la organización. Sus ventajas se pueden resumir en dos grandes beneficios:
- La prevención de daños reputacionales y económicos.
- La mejora de la cultura corporativa y ética empresarial.
El canal ético de denuncias no solo es obligatorio para toda empresa de más de 50 empleados y empleadas desde 2023. También para organismos públicos, entidades que gestionan fondos públicos y Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.
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